Por: Gisela Méndez @GisMendez

En los últimos años se ha fortalecido en la agenda pública el análisis de la movilidad de las personas en las ciudades. Cómo nos movemos, cuál es el medio de transporte más utilizado, qué representa esa elección en nuestra economía familiar, en nuestra salud y en la seguridad. Pero, sobre todo, nos preguntamos si el gasto público de los gobiernos estatales o el federal se está dirigiendo hacia la movilidad de las personas más vulnerables, y la respuesta es que no. En la mayoría de los casos, los estados han privilegiado el gasto público en obras de pavimentación, reencarpetación, mejoramiento de vialidades sin incluir la mejora de redes peatonales, nuevas redes de infraestructura ciclista o la intervención de los sistemas de transporte público.

¿Cómo está Guerrero en el mapa nacional? 

Guerrero se coloca en la tendencia de viajes que caracteriza la zona sureste de México.

Es un estado que se mueve a pie tanto a la escuela como al trabajo, con el 70.6% y el 39.7% respectivamente.

En segundo lugar, están los viajes en transporte público, con el 24% a la escuela y el 38.32% al trabajo. A diferencia de otros estados, en este tipo de viajes los hombres son los que viajan más a pie. En viajes al trabajo los hombres también presentan el 2.51% de los viajes en bici, mientras que para las mujeres no llega al 0.3%. El principal medio de transporte de las mujeres es el transporte público.

A pesar de que la elección de movilidad de los y las guerrerenses son los medios más sustentables, el gasto público federal y estatal no supera el 5% de presupuesto destinado a esta clase de proyectos, es decir, banquetas, rampas, cruces seguros, ciclovías e infraestructura o equipo para el transporte público. Esto quiere decir que las decisiones de inversión no están siendo dirigidas hacia los medios de transporte que las personas usan y que las hacen más vulnerables a los accidentes viales, la inseguridad y al incremento al gasto familiar. Por lo tanto, estamos invirtiendo en mantener la desigualdad.

Las personas que caminan son las principales víctimas de los accidentes de tránsito.  De acuerdo al Informe de Seguridad Vial de 2017, en 2016 la tasa de mortalidad registró una disminución de 18.7% y de 14.2% en comparación con 2012 y 2015. Aun cuando el porcentaje va a la baja, es uno de los pocos estados donde las muertes de peatones pueden equipararse a las muertes de ocupantes. Lo anterior refleja que el gasto en vialidades está privilegiando la velocidad sobre la seguridad vial de las personas.

El tiempo de traslado al trabajo promedio es de 15 a 30 minutos, mientras que para los viajes a la escuela aumenta el tiempo para jóvenes de 15 a 29 años, hasta una hora, y la gran mayoría, por encima del 95% lo hacen dentro de su propio municipio.

Guerrero tiene uno de los porcentajes de viaje en auto más pequeños del país, con tan solo el 5% en viajes a la escuela y el 13.26% en viajes al trabajo. Sin embargo, el estado ha gastado el 56.56% de su presupuesto para proyectos de movilidad en vialidades, y es el cuarto estado con mayor gasto en la construcción de redes de infraestructura hidráulica, de drenaje y alumbrado con el 37.32%.

Para la zona metropolitana de Acapulco, los datos no son tan diferentes. En 2009, de acuerdo al estudio de movilidad para la construcción del sistema ACABús, donde el 67.2% de los viajes se hace en transporte público, el 20.5% en medios no motorizados, y el 12.3% en vehículo particular. El ACABús inició su proceso de gestión como proyecto de transformación del transporte en el 2011 para entrar en operación en 2016. 

La complicación de la transformación del transporte público, como en todos los estados está en el cambio del sistema de gobernabilidad que debe darse para que el nuevo sistema opere. No es solamente la construcción de infraestructura dedicada y la compra de nuevos autobuses. Se requiere una negociación importante con los concesionarios y el cambio de su modelo de negocio, que deberá ahora brindar condiciones de transparencia y actuación en el marco de la Ley. Esto quiere decir: contratos laborales para personas conductoras, patios de encierro, respeto a la programación de los servicios, control electrónico sobre los ingresos por tarifa de las personas usuarias, sistemas de atención al usuario, y mucha más participación del sector público en la elaboración, implementación y evaluación de la política de transporte. 

Este cambio no es fácil, ni es inmediato. El mayor costo no es el de la infraestructura o los fierros, si no el costo político de lograr los acuerdos para la transformación, misma que debe irse ajustando con los años, pero que sin duda es un gran paso hacia adelante. El ACABús, que tuvo una inversión aproximada de 1,912 millones de pesos, tiene el reto de mantenerse y lograr que el gobierno continúe esta transformación, ya que este sistema solo atenderá al 13% de los 622 mil viajes que todos los días de hacen en transporte público en el estado.

El reto de Guerrero es grande. Para poder invertir en acabar con la desigualdad, requiere colocar el gasto donde están las vulnerabilidades de la población, donde están las transformaciones complejas, y no solamente donde los proyectos son más fáciles de implementación, una característica que se comparte en todo el país.

Sobre la Autora:

Con una formación de arquitecta, ha desarrollado su carrera profesional en el sector público en el ámbito del desarrollo urbano y las políticas urbanas y metropolitanas. Cuenta con una maestría en Evaluación de Políticas Urbanas, Territoriales y Ambientales por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, Italia. Ha trabajado como consultor para el sector público, la academia y con la sociedad civil organizada en temas de desarrollo de políticas urbanas.

Fue Directora de Investigación y Desarrollo de Capacidades del CTS EMBARQ México, actualmente WRI México, coordinando la agenda de investigación en coordinación con el WRI Ross Center for Sustainable Cities y el acompañamiento a gobiernos locales en la formación y fortalecimiento de sus capacidades.

Participó por 6 años en la fundación y crecimiento del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, además de la Agencia de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Colima, y del Observatorio Metropolitano de Colima, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Arquitectos y de la Red Internacional de Ciudades Sustentables.

Ha participado como docente en la licenciatura de arquitectura y en cursos de maestría de urbanismo, así como ponente a nivel nacional e internacional.

Los principales campos de experiencia son los sistemas de planeación urbana y metropolitana, y de los componentes de integración de la movilidad urbana al desarrollo urbano, particularmente a través de procesos creativos de participación ciudadana en el ciclo de planeación, implementación y la evaluación de políticas urbanas, innovación y generación de capital institucional en los gobiernos locales.

Fuentes de información:

Anatomía de la Movilidad en México: hacia dónde vamos, SEDATU, 2018.

Informe sobre situación de seguridad vial en México, CONAPRA, 2017

Encuesta Intercensal, INEGI, 2015

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2016

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, INEGI, 2016

Para consultar otros estados:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/411314/Anatom_a_de_la_movilidad_en_M_xico.pdf